El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) recobró protagonismo esta semana durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, puesto que es uno de los puntos del proyecto más cuestionado por los legisladores y algunos sectores industriales. Cuáles son las principales propuestas que ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados.En esencia, se trata de un conjunto de normas que buscan incentivar a las empresas extranjeras para que inviertan en la Argentina, a través de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a 30 años para quienes atraigan proyectos superiores a los 200 millones de dólares. Este apartado se encuentra en el Título VII del proyecto Bases y sus 11 capítulos fueron aprobados con un promedio de 135 votos positivos en Diputados: contó con la peculiaridad de que legisladores de UP se sumaron a la aprobación en particular de este punto.Dentro de los beneficios impositivos, incluye la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 24% para Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU), la devolución acelerada de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un plazo no mayor a tres meses, así como también la posibilidad de pagar el IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.Además, el RIGI establece una serie de beneficios impositivos aduaneros, como la extensión de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos y la extensión de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al régimen.Con todo, se suman beneficios cambiarios que incluye la libre disponibilidad de divisas para exportaciones del 20% el primer año, con un aumento del doble para el segundo año y hasta 100% a partir del tercero.Esta normativa se aplicaría durante 30 años para garantizarle al inversor una estabilidad impositiva y la seguridad jurídica que, además, establece una garantía de no afectación por normativas más gravosas.Para adherirse al régimen, los proyectos deberán contar con:El principal cuestionamiento al RIGI surgió cuando el proyecto, que inicialmente estaba destinado a los sectores mineros y petroleros, se abrió para toda la industria y, sin esa especificación, altera la competencia de los productores nacionales, mayoritariamente las Pymes.La primera alerta había surgió de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuando el titular Daniel Funes de Rioja pidió "los mismos incentivos para el desarrollo de proveedores locales y las inversiones de empresas nacionales".La Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), por su parte, le enviaron una carta al Senado donde plantearon que el régimen "atenta directamente contra la producción nacional" al otorgarle "un trato preferencial a los bienes importados que compiten con los productos nacionales". Del mismo sector, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cuestionó el piso de 200 millones de dólares, ya que excluye a las pymes responsables de la mayor cantidad de empleo nacional.Asimismo, el consultor energético y exvicepresidente de Cammesa, Ariel Kogan, advirtió que el RIGI "podría dejar afuera de sus beneficios a las pymes que operan en Vaca Muerta, las cuales deberán afrontar los costos de sus insumos y de sus equipos sin ningún tipo de reducción fiscal". Para él, se trata de un bache dentro de la redacción del proyecto, "ya que para las empresas titulares de los proyectos de inversión hay una serie de beneficios impositivos y aduaneros que no se replican para las empresas prestadoras de servicios".En el Senado, el RIGI fue cuestionado y pedido a revisión por parte de muchos legisladores, pero destacó Martín Lousteau, de la UCR, uno de los votos target del Gobierno para conseguir la aprobación del proyecto. "Es hipergeneroso, ¿hace falta tanto beneficio?", planteó en un ida y vuelta con el Secretario de Hacienda Carlos Guberman.“Muchos de los regímenes similares que existen en Australia, Chile o Perú tienen un condimento de participación o integración local. Proveedores locales. Nosotros tenemos una industria metalúrgica importante, que hace desde maquinaria agrícola hasta maquinaria para perforación y exploración, para infraestructura eléctrica. Si vamos a permitir que cualquier insumo pueda ingresar en la Argentina implica una discriminación muy importante incentivada contra la industria local", reclamó.Guberman retrucó: "Argentina es mucho más caro que Perú y Chile. El costo fiscal es de 55%, mientras que en Chile fue del 35% el año pasado y ahora lo subieron al 43%. En Perú, es del 38%, 39%. Es mucho más caro acá. El RIGI lo llevaría al 35%, más o menos 36%, siempre y cuando las provincias acompañen y no generen cargas adicionales sobre lo que estamos proponiendo. Si la provincia adhiere, la empresa va a poder tener los beneficios; si no, difícilmente lo haga, si no tiene esas garantías”.Mientras que del oficialismo no abrieron la posibilidad de aceptar cambios en este punto, a diferencia del piso de Ganancias y el apartado de blanqueo, todavía están evaluando si será necesario para recopilar los votos para la aprobación en general del proyecto. La esperanza recae en los opositores que quizás respondan al interés económico de sus provincias para apoyar el apartado, como sucedió en Diputados.